Treinta años de gobierno del PP dejan a Murcia con 14.000 millones de deuda, el mayor déficit de España y una larga lista de escándalos judiciales

El Partido Popular lleva gobernando la Región de Murcia de manera ininterrumpida desde 1995. Tres décadas en el poder que han dejado una herencia financiera y judicial difícil de ignorar: una deuda pública de 14.019 millones de euros, equivalente al 31,2% del Producto Interior Bruto regional, el mayor déficit relativo de todas las comunidades autónomas españolas y una sucesión de casos de corrupción que han salpicado a vaios de sus presidentes y cientos de cargos públicos a lo largo y ancho de la región.

La Región de Murcia es hoy la segunda comunidad más endeudada de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que registra una ratio del 40,7% de su PIB. Por detrás de Murcia se sitúan Castilla-La Mancha, con un 28,3%, y Cataluña, con un 28,2%. En el extremo opuesto, comunidades como Navarra, con un 9,4%, o Canarias, con un 10,8%, demuestran que es posible gestionar las finanzas autonómicas de una manera muy diferente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria fija un límite del 13% de deuda sobre el PIB para las comunidades autónomas. Murcia lo duplica. Y lo hace después de treinta años con el mismo partido en el gobierno.

Pero la deuda no es el único dato alarmante. La Región de Murcia cerró 2025 con un déficit público del 1,56% del PIB, lo que supone 702 millones de euros, el mayor déficit de todas las comunidades autónomas en términos relativos. En un solo año, ese déficit creció en 206 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Los ingresos no cubren el gasto, la deuda sigue creciendo y el PP sigue gobernando. Para que la ciudadanía entienda la magnitud de lo que se ha acumulado bajo gobiernos populares, cada habitante de la región tendría que aportar aproximadamente 8.739 euros para saldar la deuda contraída en su nombre.

La situación del Ayuntamiento de Murcia tampoco escapa a este patrón. El consistorio capitalino es el tercero con mayor deuda por habitante entre las grandes ciudades españolas con más de 300.000 habitantes, con 523 euros por persona, solo superado por Zaragoza con 767 euros y Barcelona con 743 euros. Ciudades como Las Palmas de Gran Canaria no tienen deuda municipal, mientras Murcia acumula 240 millones de euros en el debe

Más allá de los números, el legado del PP en Murcia tiene otro capítulo que no puede pasarse por alto: la corrupción. Durante los últimos veinte años, la Región de Murcia ha estado marcada por una larga lista de casos de corrupción vinculados a altos cargos y dirigentes del Partido Popular, con más de 90 millones de euros en fondos públicos afectados en procedimientos judiciales y al menos 40 responsables políticos y funcionarios investigados, imputados o condenados. La suma de penas de prisión solicitadas por la Fiscalía en los principales procedimientos supera los 100 años.

El largo mandato de Ramón Luis Valcárcel, que gobernó entre 1995 y 2014, coincidió con la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo, lo que multiplicó los casos de corrupción en la región. Valcárcel acumula investigaciones que implican a su entorno más cercano, incluyendo familiares directos en el caso Novo Carthago. La investigación de la desaladora de Escombreras, en la que está implicado el expresidente junto al exconsejero Antonio Cerdá, analiza cómo la Comunidad Autónoma firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra para la planta desaladora, operación que supuso sobrecostes superiores a los 74 millones de euros respecto a una compra directa. Las penas solicitadas alcanzan los 15 años de cárcel e inhabilitaciones de hasta 20 años. El juicio está previsto para 2027.

Su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, no corrió mejor suerte. La sentencia de 2023 consideró probado que, siendo alcalde de Puerto Lumbreras, amañó el concurso para la construcción del auditorio municipal. El proyecto recibió una subvención autonómica de 6 millones de euros, pero cuando se comprobó que el diseño original era inviable, se modificó para justificar el gasto y evitar el reintegro del dinero, pese a que la obra quedó incompleta y cerrada. Este caso supuso su dimisión como presidente regional. Además, Sánchez también estuvo implicado en el caso Púnica, donde la Fiscalía Anticorrupción lo acusó de contratar con una empresa de la trama para mejorar su imagen política mediante periódicos ficticios y noticias favorables pagadas con dinero público.

Tres de los cuatro presidentes que ha tenido la Región bajo el PP ya están manchados por casos de corrupción, una circunstancia que no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma española y que dibuja un patrón que va mucho más allá de la mala suerte o los errores individuales.

Las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción vinculados al urbanismo salpican prácticamente a todos los municipios murcianos, gobernados en su inmensa mayoría por el PP. De los 40 casos abiertos en su momento, 28 afectaban a cargos municipales del partido. El caso Umbra en la capital, la operación Biblioteca en Librilla o los múltiples expedientes urbanísticos irregulares repartidos por toda la geografía regional completan un mapa de la corrupción que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo durante tres décadas.

El resultado de todo ello es una región hipotecada financiera y moralmente. Una comunidad que en 2025 presenta los peores datos de deuda y déficit de España, que ha visto cómo sus presidentes eran investigados o condenados, y que afronta un futuro condicionado por las decisiones, los contratos y las deudas contraídas durante treinta años de gobierno ininterrumpido del Partido Popular.

Ángel García.