El Ayuntamiento de Molina de Segura ha decidido apartar cautelarmente de su puesto a un empleado municipal, después de que dos investigaciones internas abiertas en su contra hayan arrojado indicios de posible actividad delictiva. Ante esta circunstancia, el Consistorio ha puesto el caso en manos del Ministerio Fiscal.

La primera investigación se abrió el 27 de enero, al detectarse que el trabajador había intervenido de forma reiterada en trámites administrativos en los que su cónyuge figuraba como parte interesada, en contradicción con su obligación de abstenerse en asuntos que le afectan directamente. En un primer momento, el Ayuntamiento le prohibió cautelarmente seguir participando en esos procedimientos concretos. No obstante, al apreciar que los hechos podían tener trascendencia penal, decidió paralizar la vía disciplinaria y remitir el expediente a la Fiscalía.

El 31 de agosto se abrió una segunda investigación, tras descubrirse que el funcionario había vuelto a intervenir en un trámite administrativo, en este caso en un expediente en el que su pareja actuaba como representante de la empresa solicitante. Como en el caso anterior, este segundo procedimiento quedó en suspenso y fue trasladado también al Ministerio Fiscal.

Suspensión cautelar de todas sus funciones

La reiteración de los hechos llevó al equipo de gobierno a concluir que la medida adoptada tras el primer expediente —limitada a determinados trámites— resultaba insuficiente para evitar nuevas situaciones de conflicto de intereses. Por ello, el Consistorio ha decidido apartar ahora al empleado de la totalidad de sus funciones de forma provisional, mientras se esclarecen los hechos.

Fuentes municipales han subrayado que se trata de una medida cautelar, sin carácter sancionador, que en ningún caso implica una declaración de culpabilidad. Su finalidad, señalan, es garantizar que los procedimientos administrativos del Ayuntamiento continúen con normalidad y dentro del respeto a la legalidad, mientras la Fiscalía determina si los hechos son constitutivos de delito.

El PSOE reclama explicaciones sobre los plazos

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al gobierno de PP y Vox que aclare el calendario seguido con el expediente abierto en enero. Según la portavoz socialista, Isabel Gadea, el procedimiento permaneció varios meses sin trasladarse a Fiscalía, y el envío se produjo apenas un día después de que su grupo solicitara formalmente acceder a la documentación, el pasado 14 de septiembre. «Durante siete meses tuvieron el expediente. El PSOE pide verlo y, justo al día siguiente, lo mandan a Fiscalía», ha afirmado Gadea, quien reclama saber si el gobierno local ya conocía los hechos o si se produjo algún elemento nuevo entre esas dos fechas. La denuncia socialista se centra en la cronología del expediente de enero, sin hacer referencia al segundo, abierto en agosto.