El Gobierno regional de Murcia ha presentado con orgullo la convocatoria de 1.607 plazas para el cuerpo de Maestros en 2026, la mayor de la historia de la región. El dato es real y merece reconocimiento. Pero conviene leerlo con perspectiva, porque detrás de ese titular hay años de interinidad disparada, de promesas incumplidas y de docentes que llevan décadas trabajando sin la estabilidad que merecen.

La tasa de interinidad en la enseñanza pública española lleva años muy por encima del 8% que marca la Unión Europea como límite razonable. En Murcia, como en otras comunidades, esa cifra se ha ignorado durante demasiado tiempo, mientras miles de profesores han encadenado contratos temporales año tras año sin perspectiva de estabilidad. Que ahora se convoquen plazas masivamente no es solo una buena noticia, es también la consecuencia de haber dejado crecer un problema que era perfectamente evitable.

Con 11.258 aspirantes para 1.607 plazas, la ratio media es de 7 candidatos por plaza. Se ha vendido como un gran avance respecto a los 13 de 2024, y lo es en términos numéricos. Pero conviene no olvidar que esos 13 aspirantes por plaza del año pasado eran también el resultado de haber convocado pocas plazas durante demasiados años, acumulando una bolsa de opositores que no encontraban hueco en el sistema.

Las novedades en el formato del examen práctico son bienvenidas. La opcionalidad en las preguntas, el papel autocopiable y la comisión de cinco miembros para diseñar el ejercicio son medidas razonables que van en la dirección correcta. Sin embargo, surgen preguntas legítimas: ¿por qué ha tardado tanto en actualizarse un modelo de examen que llevaba años siendo criticado por docentes y sindicatos? ¿Y por qué se siguen evaluando las capacidades pedagógicas de un maestro principalmente a través de un examen memorístico?

El consejero Víctor Marín ha anunciado el objetivo de convocar más de 6.000 plazas a lo largo de la legislatura. Es una cifra ambiciosa que, si se cumple, supondría un cambio real en la estructura docente de la región. Pero los objetivos legislativos tienen la costumbre de diluirse cuando llegan los presupuestos ajustados o los cambios de prioridades políticas. La ciudadanía y, sobre todo, los docentes tienen todo el derecho a exigir que esta vez las palabras se conviertan en hechos.

En definitiva, esta convocatoria es una buena noticia. Pero sería más honesto celebrarla como el inicio de una corrección necesaria y tardía, no como un logro extraordinario. La educación pública merece docentes estables, bien formados y reconocidos. Ese debería ser el listón, no el récord de plazas convocadas en un año concreto.

Ángel García