El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez (PP), ha negado este jueves ante la jueza haber participado en la tramitación administrativa de los contratos investigados por presunta malversación en las obras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. Sánchez ha comparecido como investigado ante el Tribunal de Instancia de San Javier, que examina unas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022 por un importe superior a los 88.000 euros.
Según fuentes de la investigación, el alto cargo ha asegurado que no intervino ni en la adjudicación ni en los pagos de los contratos menores de los proyectos Aula del Mar y Trasteros. También ha dicho que no conoce al presunto intermediario de las obras ni a los contratistas.
El procedimiento nace de una querella de Ros García Carpintería Metálica, empresa subcontratada que reclama 32.792,49 euros por trabajos que afirma haber ejecutado sin cobrarlos. Sánchez ha relatado que, cuando supo de la reclamación, pidió explicaciones al entonces director del CAR, el exatleta olímpico Francisco Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban bien hechos.
El director general ha añadido que, tras una reunión con la empresa afectada en septiembre de 2023, pidió el expediente al nuevo responsable del centro, Rafael Alcázar, para remitirlo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Según su versión, estos no detectaron pagos pendientes a las empresas implicadas. Sánchez asegura además que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si se consideraba perjudicada.
También ha declarado como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar. Ha confirmado ante la jueza que estuvo en aquella reunión de septiembre de 2023, en la que se trasladó la sospecha de que una empresa había trabajado sin cobrar. Según su testimonio, los responsables del centro se comprometieron a indagar y dijeron que, si la empresa había hecho los trabajos, debía cobrarlos. Alcázar ha explicado que el jefe de mantenimiento le informó de que operarios de Ros habían trabajado en las instalaciones, en concreto en un trastero orientado al Mar Menor y en un gimnasio. El propio responsable de mantenimiento ha ratificado ante la jueza que firmó albaranes a nombre de Ros y que sus trabajadores alternaban tareas entre las dos obras investigadas.
La Guardia Civil aprecia indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental en la contratación y la justificación de las obras. Un atestado policial de abril de 2025 recoge, entre otras irregularidades, que una memoria técnica del proyecto Aula del Mar lleva fecha de casi seis meses después de su adjudicación, y que hay discrepancias entre los presupuestos incorporados al expediente.
Fuente: El diario.es



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