Trece personas, una trama y un negocio montado sobre el fraude: la Guardia Civil y el Gobierno regional han destapado la operación "Capybaramur", dedicada a falsear la formación de conductores profesionales para conseguir el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), el documento que habilita para transportar mercancías y viajeros por carretera.

En el punto de mira está el gerente de una autoescuela, tres presuntos intermediarios y nueve empleados, investigados por falsedad documental y delitos contra la seguridad vial. La Dirección General de Movilidad y Transportes ya ha propuesto suspender la autorización de la autoescuela implicada para impartir cursos CAP, aunque la medida no se hará efectiva hasta que haya sentencia firme.

Todo empezó en mayo de 2025, durante los exámenes en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Ahí saltaron las alarmas: 23 aspirantes llevaban dispositivos de comunicación ocultos para recibir las respuestas desde fuera. Al tirar del hilo, las inspecciones destaparon también irregularidades en una autoescuela de Molina de Segura, donde se manipulaban los registros biométricos de asistencia a los cursos obligatorios.

El precio de hacer trampa, según la investigación, oscilaba entre 2.000 y 2.500 euros por aspirante. Una cantidad que da una idea del negocio que había detrás de un sistema pensado, en teoría, para garantizar que quienes conducen camiones y autobuses están realmente preparados para hacerlo.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha defendido que el acceso a estas habilitaciones "no puede quedar en manos de quienes intentan obtenerla mediante engaños", recordando que se trata de profesionales que transportan personas y mercancías por las carreteras de la Región. También ha querido dejar claro que "la inmensa mayoría" de alumnos y centros de formación cumple con sus obligaciones.

La operación se enmarca en el Plan de Inspección de Transportes 2026, que en lo que va de año ha llevado a 486 actuaciones inspectoras en cursos CAP. Además, el Gobierno regional ha apretado las tuercas en los exámenes: prohibición de móviles y dispositivos electrónicos, expulsión inmediata si los llevas encima, y dos convocatorias de penalización para quien sea pillado copiando.

Queda por ver si este refuerzo de controles llega a tiempo de frenar tramas similares, o si el negocio del fraude en la formación profesional seguirá encontrando grietas por donde colarse.